La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha concluido que no existen elementos suficientes para acreditar un caso de acoso en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por lo que desestimó las acusaciones difundidas en medios de comunicación. La CNDH también señaló la negativa de Giovanna Perales, la presunta afectada, a someterse a una prueba pericial en psicología, lo que complicó la investigación.
“Del análisis practicado al escrito y de la evidencia obtenida, se advirtió que no existen elementos que acrediten las violaciones a los derechos humanos, aunado a su negativa expresa a someterse a la prueba pericial en psicología ante este Organismo Nacional, a fin de poder continuar con la presente investigación y estar en posibilidad de allegarnos de elementos probatorios suficientes y poder valorarlos en su conjunto”, se lee en el veredicto del expediente CDNH/6/2024/6129/Q, que fue concluido el 28 de junio pasado.
La resolución, firmada por María del Carmen Ojesto Martínez, directora General Encargada de Despacho de la Sexta Visitaduría General, destaca que “no existe ningún antecedente previo de que haya formulado alguna queja ante el Comité de Ética o en el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Federal del Consumidor, por el cual se advierta que personal de la PROFECO haya sido omiso en atender su reclamación conforme al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2020”.
La CNDH, en su investigación, explicó que mediante el oficio PFC/CGA/CE/ST/020/2024 se confirmó que no hubo registro de alguna vulneración en archivos físicos o digitales. Además, Giovanna Perales no volvió a comunicarse ni telefónica ni por escrito con la Comisión después de que se le solicitara cumplir con el análisis psicológico.
El documento también relata que, según el titular de la Procuraduría, David Aguilar Romero, el recuento de los puestos y funciones que la denunciante señaló no corresponde con la realidad. Perales Salem estaba adscrita a la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos de la Subprocuraduría Jurídica como Jefa de Departamento “C” en modalidad eventual. Posteriormente, firmó su renuncia voluntaria el 16 de abril de 2023 para cambiar de área, argumentando que su contrato vencía un día antes. Luego, ingresó como Jefa de Departamento “A” en la Coordinación General de Educación y Divulgación el 1 de mayo de 2023.
Las tensiones habrían surgido cuando se le pidió a Perales Salem que estuviera preparada ante la designación de un nuevo titular en la Coordinación General de Educación y Divulgación. Según la carpeta de seguimiento, “una vez ya en el cargo de titular, le exigió que le ayudara a ser adscrita o comisionada a otra área para poder conservar su empleo hasta el 31 de diciembre de 2023”.
En un esfuerzo por salvaguardar su estabilidad laboral, la dependencia federal buscó reubicarla en la Oficina de Mejoramiento Operativo de la Dirección General de Oficinas de Defensa del Consumidor. Sin embargo, Perales Salem renunció voluntariamente el 15 de enero de 2024, aunque suscribió un nuevo contrato por honorarios hasta el 15 de marzo de ese año.
No obstante, Perales Salem buscaba que su contrato se extendiera hasta junio de 2024. Según se documentó, envió insistentes mensajes de WhatsApp con insinuaciones contrarias al Código de Ética para prolongar su permanencia. Ante la negativa a su petición, y tras documentarse que no cumplía con sus horarios de trabajo, Profeco decidió finalizar la relación laboral con ella, así como con otras 25 personas cuyo contrato había expirado.
Previo a acudir a las autoridades, Perales Salem exigía en Profeco un contrato por honorarios de marzo a junio con un sueldo equivalente al nivel de director de área. Además, solicitaba una indemnización por reparación del daño para no hacer público el supuesto acoso laboral, monto que, según ella, debía fijarse en relación con las capacidades de la Procuraduría y de los implicados.
Finalmente, la CNDH detalló que, ante las posibles faltas administrativas que pudieran derivarse de esta situación, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Procuraduría para que inicie las indagaciones correspondientes.